Un buen día una madre de Filadelfia se dio cuenta de que era incapaz de pagar su hipoteca, en parte porque su esposo, de quien estaba separada, había dejado de pagar la pensión alimenticia. Estaba al borde de una ejecución hipotecaria, con la posibilidad cercana del remate de la casa por parte del alguacil (sheriffen inglés).
Desesperada por salvar su casa, la mujer fue a la Asistencia Legal de Filadelfia PLA (Philadelphia Legal Assiance), en la calle 7 y Arch, en donde se brindan servicios legales civiles gratuitos a las personas de bajos ingresos de Filadelfia. PLA obtuvo la ejecución judicial de la manutención conyugal y luego la remitió a otro grupo de asistencia legal, el Servicio Legal Comunitario (Community Legal Services), ubicado en las calles Broady Chestnut. Allí, ella contó su historia nuevamente a un abogado diferente quien la ayudó a solicitar con éxito una modificación del préstamo hipotecario. Estas dos acciones le ayudaron a no perder su casa.
Esta historia tuvo un final feliz para lo que comúnmente es una situación trágica para muchas familias en Filadelfia, pero no fue fácil; cada viaje a la oficina de un abogado significa ausentarse del trabajo, ocuparse del cuidado de los niños, pagar el transporte, duplicar el papeleo.
“Si alguien llega a su puerta y usted no puede ayudarlos, usted le entrega la tarjeta de la persona que cree que puede ayudarlos y esa persona puede estar al cruzar la calle o al otro lado de la ciudad”, dice Jessica Hilburn-Holmes directora ejecutiva de la Fundación de Abogados de Filadelfia quien lidera el proyecto. “La persona puede tomar esa tarjeta y nunca ir allí y puede ir y obtener la ayuda que necesita”.
Es por eso por lo que una docena de organizaciones que ofrecen apoyo legal en diferentes temas, se han unido para formar el Centro de Justicia Igualitaria EJC (Equal Justice Center)ubicado en la calle 8 y Vinepara brindar algo que se ha llamado “compras integradas” a los residentes de Filadelfia de bajos ingresos que necesitan servicios legales civiles en temas como violencia doméstica, desalojo ilícito y manutención de niños. Todo en un solo lugar.
Está previsto que el edificio de nueve pisos comience la construcción en octubre y estará al servicio del público en enero de 2022. Contará con grupos de asistencia legal, incluidos CLS y PLA; la Unión Americana de Libertades Civiles de Pennsylvania; y el Proyecto de Ley de Salud de Pennsylvania. Estas agencias atienden un número aproximado de 30,000 clientes al año en sitios dispersos por toda la ciudad.
El proyecto refleja un reconocimiento de parte de la comunidad legal, de que la coordinación de los servicios de asistencia legal ayudaría a satisfacer una necesidad aguda en la ciudad más pobre de las grandes ciudades de los Estados Unidos, Filadelfia, donde más del 25 por ciento de la población vive en o por debajo del umbral federal de pobreza. Hillburn-Holmes dice que este es el primer experimento de su tipo en el país.
A nivel nacional, el 86 por ciento de los problemas legales civiles reportados por personas de bajos ingresos recibieron poca o ninguna ayuda de los abogados, según un informe de 2017 de la Corporación de Servicios Legales; una organización sin fines de lucro que trabaja por el acceso igualitario al sistema de justicia estadounidense. El informe dijo que siete de cada 10 estadounidenses de bajos ingresos experimentan problemas legales como violencia doméstica, acceso a beneficios ya sea si son veteranos o discapacitados, pero sólo el 20 por ciento busca ayuda profesional y muchos de ellos acuden a los tribunales sin representación legal.
El informe dijo que siete de cada 10 estadounidenses de bajos ingresos experimentan problemas legales como violencia doméstica, acceso a beneficios ya sea si son veteranos o discapacitados, pero sólo el 20 por ciento busca ayuda profesional y muchos de ellos acuden a los tribunales sin representación legal.
De acuerdo con CLS, en Filadelfia cuatro quintas partes de las personas de bajos ingresos que necesitan un abogado para resolver conflictos civiles no lo tienen porque no pueden pagar un abogado o no están familiarizados con el funcionamiento del sistema legal. De acuerdo con un informe del año pasado del Colegio de Abogados, para los residentes de Filadelfia de bajos ingresos que enfrentan un desalojo, la representación legal podría permitirles quedarse en sus casas o negociar pagos atrasados con sus propietarios.
Según el mismo informe, prevenir el desalojo también puede ahorrarle a la Ciudad decenas de millones de dólares en gastos de emergencia de vivienda, médicos y gastos judiciales para quienes no tienen acceso a asistencia legal. El Concejo Municipal está considerando un proyecto de ley que garantizaría la representación legal de cualquier inquilino que enfrenta un desalojo cuyo ingreso sea inferior al 20 por ciento del nivel federal de pobreza.
La propuesta para ubicar a los proveedores de asistencia legal de la ciudad “bajo un mismo techo” ha existido desde la década de 1970, dice Hilburn-Holmes, pero en su momento no ganó adeptos en parte porque las organizaciones individualmente sintieron que perderían su marca al unirse con otros. Las organizaciones que ahora hacer parte de EJC, sienten que esa preocupación ha disminuido porque reconocen que formarán parte de un grupo que tiene habilidades complementarias.
La directora ejecutiva de PLA, Anita Santos-Singh, dice que tanto su grupo como CLS se han unido porque reconocen que proveer servicios legales, a menudo complementarios pero ubicados en diferentes lugares de la ciudad, no era la mejor manera de servir a sus clientes. “Como organizaciones hermanas uno de nuestros objetivos estratégicos es la co-ubicación”, dijo Santos-Singh. “El Centro de Justicia Igual representa una oportunidad para que logremos ese objetivo”.
La agrupación EJC en un sólo edificio reducirá costos para los miembros a través de la infraestructura compartida, es decir, las compras grupales y los gastos de operaciones comunes de soporte de oficina, ahorrando gastos que beneficiaran a sus clientes. El alquiler será un gasto fijo durante 30 años a $15 por pie cuadrado, aproximadamente la mitad de la tarifa comercial para un espacio de oficinas del centro de la ciudad.
El presupuesto general es de $99 millones, de los cuales $65 millones pagarán la construcción. Habrá costos adicionales de tecnología y para amueblar las oficinas que no representaran un costo para los inquilinos.
El financiamiento proviene de una variedad de fuentes, incluido el programa federal de Créditos Fiscales para Nuevos Mercados, que ofrece créditos fiscales a los inversionistas en áreas de bajos ingresos; del Programa de capital de asistencia para el redesarrollo de Pensilvania para la adquisición y construcción de proyectos de mejora y de los esfuerzos filantrópicos. Una campaña de capital lanzada en 2018 apunta a recaudar $50 millones en cinco años.
“En una sola agencia, por mucho que lo intenten, ellos solo resuelven lo que ellos hacen”, dice Hilburn-Holmes. “Pero si la gente ingresa a este edificio y verán la solución a una multitud de problemas y puede decir que ‘nosotros podemos ayudarlo con todas estas cosas'”.
Foto de Rae Allen a través de Flickr.
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